Nicolás Petro afronta dos procesos ante los estrados judiciales. Uno que inició en julio de 2023 y que actualmente se encuentra en audiencia preparatoria a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Sin embargo, la Fiscalía lo volvió a llamar ante la justicia para imputarle cargos de peculado por apropiación e interés indebida en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, delitos que no aceptó ante el Juez 14 Penal de Control de Garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz. 

Este caso guarda íntima relación con la Fundación Conciencia Social, donde según la Fiscalía habría tenido algún tipo de influencia para redireccionar recursos a sus propio bolsillo y que habían sido entregados por la Gobernación del Atlántico para actividades relacionadas con la atención de personas de la tercera edad en los municipios del departamento.

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El juez, el pasado 19 de diciembre, decidió no impone medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdiputado y la cual fue apelada por la Fiscalía.  

Para el juez consideró que sí existía inferencia razonable por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, pero no por tráfico de influencia de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

El togado justificó su decisión asegurando que no hay peligro de que Nicolás Petro tenga la intención, o haya intentado obstruir a la justicia o que haya un peligro de fuga.

En desarrollo de la audiencia, el juez 14 de control de garantías dijo que el exdiputado, en los tres años de líos judiciales no ha salido del país, a pesar de ser hijo del Jefe de Estado.

La Fiscalía señaló en la audiencia de formulación de imputación que Nicolás Petro presuntamente junto con Daysuris Vásquez, su expareja, se habrían apropiado de recursos que salieron de las arcas de la Gobernación del Atlántico hacia la Fundación Conciencia Social (Fucoso), donde al parecer Petro Burgos tendría influencia, y se desvió el 50% de los dineros que fueron a parar a manos de el exdiputado, de su expareja y del representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.

El dinero de la Gobernación a la mencionada fundación sería de 400 millones de pesos para capacitaciones y atención de personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se usaron 200 millones para tal propósito y los otros 200 se los habría quedado Petro Burgos con su expareja y las demás personas que presuntamente participaron en el hecho. 

Además, según el ente acusador, habría falsificado documentos para la declaración de renta ante la DIAN. 

El proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

En el 2025 hubo algún tipo de avance en el proceso que lleva por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el cual inició en julio de 2023 con su captura.

El pasado 16 de diciembre el Juez Segundo Especializado, Hugo Carbonó, escuchó los recursos de reposición y apelaciones por parte de la Fiscalía y Procuraduría sobre la decisión que tomó de aceptar algunas pruebas y otras no para que sean usadas en el juicio oral contra Nicolás Petro. 

No obstante, se mostró inconforme luego que la defensa de Nicolás Petro no estuviera preparada para sustentar los recursos de reposición y apelación con las pruebas que fueron inadmitidas para ella o admitidas para la Fiscalía y que serán usadas en juicio que se instalará contra el hijo del Presidente.

El abogado principal de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, no estuvo presente en la vista pública de ese día y designó a uno suplente para que Fiscalía y Procuraduría pudieran presentar sus recursos. Sin embargo, quedó espacio para que la defensa empezara con su intervención y fue allí donde no se pudo seguir porque el abogado suplente no estaba preparado.

Carranza, según su colega de bancada, no pudo asistir por tener una cita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante esta situación, la Fiscalía había solicitado que se compulsara copias a ambos abogados porque la fecha para sustentar estaba programada con antelación.

Sin embargo, el juez decidió no hacerlo, pero de presentarse de nuevo una situación similar sí lo hará. 

La defensa deberá presentar sus recursos el próximo 23 de febrero de 2026, fecha en que quedó programada la continuación de la audiencia preparatoria y seguirá el 24 y 26 del mismo mes. 

Este proceso inició en julio de 2023 cuando Nicolás Petro fue capturado en su apartamento, en el norte de Barranquilla, porque a juicio de la Fiscalía había material probatorio que señala que el hijo del Presidente habría presuntamente recibido dinero de dudosa procedencia para beneficio propio. 

En la investigación se mencionan a personajes como al  hijo del ‘Turco’ Hilsaca, Gabriel, quien presuntamente le entregó 400 millones de pesos al exdiputado del Atlántico.  

La testigo estrella en el proceso es Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, y quien fue capturada en primera instancia con el exdiputado en julio de 2023, pero posteriormente ella se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía y empezó a colaborar entregando información, chats de Whatsapp, documentos y demás para señalar que todo había sido planeado y ejecutado por Nicolás Petro.

Incluso, Daysuris es uno de los testigos que presentará la Fiscalía en el juicio oral.  

La situación llegó a tal punto que hasta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició una indagación para determinar si esos dineros que le entregaron a Nicolás Petro ingresaron a la campaña presidencial de su papá en 2022. 

La Comisión de Acusación interrogó al propio Nicolás Petro y este señaló que ni un solo peso entró a la campaña presidencial. 

No obstante, en noviembre de 2025 la Comisión de Acusación ordenó adelantar una inspección al despacho de la Fiscalía  que lleva el proceso contra Nicolás Petro, es decir, la oficina de la fiscal Lucy Laborde, en Barranquilla, para continuar con esta actuación. 

Sin embargo, la misma se ha aplazado y no se ha realizado.